REACCIONES EN CONTRA A LA MEDIDA DEL TRASLADO DEL AGN
Recopilación basada en mensajes enviados
por Nicanor Domínguez.
Última actualización: 19 de agosto de 2024
Archivo General de la Nación: un tema aún pendiente
Por Cecilia Bákula. Lima, 8 de julio, 2024: https://elmontonero.pe/columnas/archivo-general-de-la-nacion-un-tema-aun-pendiente
El nuevo lugar elegido es deleznable para los fines de conservación
El tres de julio, hace tan solo unos días, se reunió una vez más la Comisión de Cultura del Congreso para tratar nuevamente el álgido tema del pretendido traslado de más de 150 millones de documentos del local actual del Archivo General de la Nación (AGN) a un nuevo lugar. Pero este nuevo espacio, en el Callao carece de todas las condiciones apropiadas, de las mínimas requeridas para conservar un patrimonio de tan alto valor, muy cercano al mar y a áreas de contaminación.
No obstante las reiteradas alarmas, las voces de protesta, los cuestionamientos que se han escuchado, el aporte de la prensa responsable y de los investigadores, pareciera que hay una cerrazón en quienes, bajo una pretendida acción legal, buscan desalojar al AGN y aquellos a quienes esos documento les importan e interesan poco. En cualquier caso, las autoridades de turno, que no son necesariamente técnicos en el tema ni mucho menos empáticos responsables, pretenden marcar una línea de acción equivocada y lacerante, aunque sea contra viento y marea.
En la mencionada reunión, las exposiciones de quienes conocen la realidad e importancia del acervo documental sembraron una duda mayor y muy importante en los congresistas que integran la Comisión de Cultura, quienes esperamos que actúen para detener ese arbitrario, innecesario, obligado y desastroso traslado. Puedo entender que desde el punto de vista legal, el espacio que ahora ocupa el acervo documental en cuestión debería (digo en condicional) ser usado por quienes pertenecen al sector justicia, pero los documentos de nuestra historia, están y deben estar más allá de cualquier pretensión temporal y circunstancial o enmarcada en legalismos del momento.
Es innegable que el Perú, cuna de civilización y poseedor de una historia riquísima merece tener, como los países que se respetan y que honran su memoria y valoran su pasado, un espacio digno para albergar con cuidado técnico y cariño aquellos documentos que permiten escribir y conocer su pasado. Es innegable que ha habido demora en la toma de decisiones respecto a la construcción y/o habilitación de ese espacio adecuado; es evidente que hay responsabilidad por dolo, acción y omisión en muchas autoridades que han hecho caso omiso a sus obligaciones; pero de ahí a que se proceda a un “lanzamiento” de más de 150 millones de documentos, hay una gran distancia y una voluntad de lesa cultura que es indispensable contener.
Ser investigador y amante de los archivos; ser archivero y conocedor de ellos es un oficio que se asocia no solo con lo técnico sino con la pasión por el saber, por cuidar, por difundir; por despertar el amor a lo propio y por identificar aquello que nos permite, día a día, construir nuestra propia identidad. En ese sentido, defender al AGN hoy, no es aprobar una flaca y deficiente gestión administrativa; muy por el contrario es proteger aquello que, en documentos, nos pertenece, nos identifica, nos da identidad. Y es por ello que se levantan voces para que, de una vez y con dignidad, se construya ese espacio idóneo, indispensable y necesario para que haya un traslado técnico, cuidado y responsable que concluya, no con documentos en un depósito como si de trastos viejos e inservibles se tratara, sino con el respeto que nuestra historia merece.
Es necesario conocer el AGN; es indispensable protegerlo y es una obligación nacional defenderlo. Por ello, cualquier traslado solo podría darse si es que se concluye el inventario íntegro y total del acervo documental y si se cuenta previamente con el espacio que técnicamente se requiere. No son papeles en cajas, no son papeles de desecho, no son papeles inservibles: son tesoros que conservan nuestra memoria, nuestro pasado inmediato, nuestro futuro.
Dicen los técnicos en la materia que los peores enemigos de los archivos son los incendios y las mudanzas; quizá ahora deberíamos añadir la indolencia y la falta de compromiso responsable de quienes pretenden que se lleve a un lugar húmedo, inadecuado, inaccesible, contaminado y ajeno a toda modernidad, ese pasado que muchos queremos rescatar, proteger y conservar. No solo el lugar elegido es deleznable para los fines de conservación; implica un altísimo costo monetario además de la casi garantizada pérdida de documentos. Hoy, las autoridades se rasgan las vestiduras, encuentran pretextos, aluden argumentos pero nada de ello tiene suficiente solvencia como para seguir insistiendo en un traslado de muerte. Si el sector justicia debe esperar por sus ambientes, que espere y que el sector cultura actúe con diligencia y proactividad en defensa de aquello que le corresponde: proteger el patrimonio documental. Pareciera que es un tema de “dignidades personales” de no dar el brazo a torcer respecto a decisiones equivocadas y que lamentaremos o que, lamentarán quienes tengan que dar cuentas de sus actos contradictorios y negativos.
Este año que celebramos el bicentenario de las gloriosas gestas de Junín y Ayacucho, bien podemos regalarle a nuestra conciencia histórica un poco de respeto y empatía a través del cuidado del patrimonio documental de nuestra Nación.
El problemático traslado del Archivo general de Perú, una joya histórica en peligro
Por Renzo Gómez Vega. Publicado en El País, Madrid, lunes 1 de julio, 2024: https://elpais.com/america/2024-07-01/el-problematico-traslado-del-archivo-general-de-peru-una-joya-historica-en-peligro.html
Una orden de desalojo y la presencia de ratones y lagartijas obligan a mudar a 16 kilómetros la documentación, pero la nueva localización sufre de humedad por la cercanía del mar
Alguien acaba de jalar la palanca de uno de los tantos inodoros del Palacio de Justicia. Aunque desagradable, el chorro evacuado es un sonido familiar para quienes trabajan en el Archivo General de la Nación, un espacio de 2.500 metros cuadrados donde se conserva la memoria documental del Perú, ubicado desde hace ochenta años en el sótano de Palacio, en el Centro de Lima. Más allá de sus conocimientos, los archivadores [sic: archiveros] deben cumplir algunos requisitos esenciales: no temerle a los ratones ni a las lagartijas, intrusos eventuales que deberán espantar; aceptar con hidalguía que contraerán rinitis o sinusitis; y no hacerle ascos a los olores nauseabundos que se filtran cada tanto.
Hace mucho se determinó que este lugar de rajaduras, techos descascarados y tubos expuestos de desagüe no es apto, pero al no haber otro, se dispuso que el personal tenga el derecho de salir a un tragaluz a respirar cinco minutos de aire puro por cada hora y a tener una pausa de treinta minutos a media mañana. Es momento del almuerzo, y los archivadores [sic] comienzan a quitarse sus guantes de látex y sus mascarillas de algodón. Doce personas están contra el tiempo, esforzándose en inventariar los 1.600 metros de documentación que faltan para completar los 16 kilómetros del archivo de la etapa republicana que, según lo planificado, se mudarán en agosto a un almacén del Callao, enclavado en una zona industrial de la urbanización Bocanegra.
Una noticia que desde hace meses ha alarmado a sectores del mundo académico que aseguran que se está poniendo en riesgo el patrimonio cultural al haber elegido un local cerca de la humedad del mar, que colinda con una fábrica de lejía y que además resulta lejano. Se cuestiona también que el traslado sea temporal y que el costo sea alto: 3.160.220 dólares por 36 meses de alquiler, es decir, un promedio de 81.000 mensuales. Por todo ello, las cabezas del Archivo General de la Nación están en la mira del ojo público. En especial, su jefe institucional, Ricardo Moreau Heredia y la directora del Archivo Histórico, Ruth Borja Santa Cruz.
“Somos posesionarios precarios y tenemos una orden de desalojo en curso, pero eso la gente no lo entiende”, dice Borja —cabello blanco con rezagos morados, lentes de marco grueso, poncho con llamas bordadas—, una historiadora que comenzó su carrera en este mismo sótano, desempolvando y organizando oficios en el 87 y que luego tuvo un papel clave en la descripción del acervo documental de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que escudriñó en la violencia ocurrida entre los años 80 y 2000. Un medio de comunicación puso en duda su integridad al señalar que la pareja de Borja es el hermano de una camarada terrorista. Borja se defiende con datos fácticos: se divorció de su exesposo en el 2009, y nunca conoció a su cuñada porque desapareció en los años ochenta.
Voces que incluso discrepan con el traslado han salido a defender su reputación. Pero Borja desea que, más allá de los ataques personales, la ciudadanía entienda que este local no es propio, que siempre [¡sic!] le perteneció al Poder Judicial y que existe una orden en sentencia de ejecución para que desalojen el espacio cuanto antes. “Los investigadores dicen que nos declaremos en rebeldía, que nos apoyarán para no movernos. Pero somos funcionarios públicos y como tales somos sujetos de fiscalización y denuncia si no cumplimos un mandato judicial”, explica.
La directora del Archivo Histórico remarca que el inconveniente de permanecer en el sótano es que al no ser los dueños no pueden refaccionar la infraestructura ni colocar deshumedecedores de gran escala. Por lo tanto, cada vez que hay alguna gotera lo único que pueden hacer es colocar baldes de plástico y secar la documentación. Existe un expediente técnico para que la construcción de la nueva sede sea en un local, en el distrito de Pueblo Libre, pero aún no se ha avanzado en nada.
Sobre los peligros de mudarse a una zona industrial, Ruth Borja insiste en que la decisión se tomó en conjunto y que se eligió la mejor opción entre veinticuatro alternativas. “Habrá una distancia de 35 metros entre la documentación y la bodega de la fábrica de lejía. Hemos procurado que haya un trecho amplio. Además la lejía no es inflamable”, indica. Respecto a la humedad, señala: “La humedad es altísima en todo Lima, es un problema de toda la ciudad, pero hay un informe que indica que en la zona del Callao hay menos humedad que en Cercado de Lima”. Dicho informe que se me compartirá después la rebate: el Callao, la provincia constitucional que mira al mar, figura con siete puntos porcentuales más de humedad.
En cuanto al gasto, Borja centra su argumento en que los otros locales carecían de ambientes administrativos y mobiliarios. “Terminaban siendo más caros, porque debíamos implementar estantería, área de usuarios y descarga. En cambio, este cuenta con espacio de atención al público, tres pisos administrativos, sistemas contra incendios muy modernos, una altura de diez metros de almacenamiento y tiene un área de 5.800 metros cuadrados que nos permitirá resguardar el archivo en óptimas condiciones”.
Cecilia Soto Molina, jefa de la Unidad de Procesos en Archivo Histórico y Gestión Cultural, cuenta que han tomado todas las previsiones posibles para el eventual traslado: contratarán a 45 trabajadores externos que se sumarán a los diez archiveros, quienes trabajarán juntos en la mudanza. “La documentación va a ir lacrada, no se apilarán más de tres cajas en el camión para hacer menos viajes, en todo momento habrá personal del archivo presente, y no se trasladará nada que no sea inventariado”, dice.
Un informe de Epicentro TV reveló que la Secretaría General del Ministerio de Cultura visitó dicho local y no solo concluyó que su ubicación presenta riesgos potenciales como “incendios, contaminación química, inundaciones y hurto”, sino que ni en las bases ni en los términos de referencia para contratar la bodega se pidieron condiciones especiales de seguridad técnica de preservación de documentos en soporte de papel. En dicho oficio recomiendan con urgencia la inspección de expertos internacionales. Recomendación que las jefaturas del Archivo General de la Nación han acatado. En la quincena de julio, tres miembros de la Asociación Latinoamericana de Archivos visitarán el cuestionado local y emitirán un informe. ¿De ser lapidario frustrará la mudanza, aun cuando ya se firmó un contrato con el consorcio Transel y se pagó un adelanto?
“Nosotros consideramos que hemos decidido bien, pero nos ajustaremos al informe. Sí se podría frenar (el traslado), y aceptaremos lo que digan los expertos. Ningún local que se alquile va a cumplir con todas las condiciones porque no son locales hechos para archivos sino para almacenes, y por eso vamos a acondicionarlos. Está claro también que a nivel judicial no hay vuelta atrás. Tendremos que salir”, dice Ruth Borja, la directora del Archivo Histórico.
Sobre una mesa han desplegado unas cuantas reliquias: un libro de cuentas del siglo XVII, una carta de 1821 de puño y letra del libertador José de San Martín, la cronología de cómo se modificaron las estrofas del himno nacional, el testamento del antropólogo Julio César Tello, y unas hojas de coca enterradas junto a momias. El valor es incalculable. Un paso en falso sería fatal para documentos que representan el ADN del país. Suficiente daño con habitar un calabozo desde el siglo pasado: que la razón los ilumine.
Atentado contra el Archivo General de la Nación
EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN EN PELIGRO:
LUISA VETTER advierte sobre el impacto de su traslado al Callao
"Historia saqueada"
Por Julio Rospigliosi. Publicado en Hildebrandt en sus Trece (Lima), año 15, no. 688, viernes 31 de mayo del 2024, pp. 26-29.
VERGÜENZA NACIONAL
Documentos robados del Archivo General de la Nación se siguen vendiendo en escaparates virtuales de galeristas y anticuarios. El director del AGN está feliz porque la memoria del país dejará pronto el húmedo sótano que ocupaba y se mudará o un local chalaco que colinda con una fábrica de lejía.
Funcionarios de "uñas largas" y galeristas codiciosos se han convertido en un combo peligroso que atenta contra el Archivo General de la Nación. La Fiscalía tiene registradas 258 denuncias por el robo y la venta de documentos históricos. Sólo en el último año y medio hubo 54 denuncias. El traslado "temporal" del Archivo a un local colindante con una fábrica de lejía del Callao --advierten los expertos-- mellará todavía más la conservación de nuestro patrimonio. [p. 26]
* Foto: Hoy los archivos se encuentran en el sótano del Palacio de Justicia en condiciones deplorables. La nueva sede del AGN no tiene cuándo empezar a construirse. [p.28]
* Foto: El almacén del consorcio Transel, en la urbanización Industrial Bocanegra (Callao), colinda con la fábrica de Clorox. 12,3 millones de soles nos costará alquilarlo por tres años. El plazo se podría ampliar. [p. 28]
* Foto: "No va a haber mudanza hasta que esta comisión de expertos extranjeros haga una evaluación de las condiciones y la implementación que se pueda hacer en ese local", dice Ricardo Moreau Heredia. El contrato de alquiler, sin embargo, ya se firmó. [p. 29]
MÁS CAOS
La próxima mudanza del Archivo al Callao ha encendido las alarmas. El lugar escogido está al lado de la fábrica de lejías Clorox, en la urbanización Industrial Bocanegra. Es un lugar de difícil acceso al público y en una provincia con alta incidencia delictiva.
El inmueble le pertenece al Consorcio Transel, que el pasado 2 de mayo se hizo de un contrato directo de 12,3 millones de soles por tres años de alquiler. Tiene el visto bueno del jefe del AGN, Ricardo Moreau Heredia, y los principales directivos de la entidad.
Ya el Poder Judicial ha puesto como plazo agosto de este año para que desalojen el sótano del Palacio de Justicia que el AGN ocupa hasta hoy. La mudanza es, en teoría, temporal, hasta que la construcción de la nueva sede del AGN en Pueblo Libre esté lista. Pero nadie sabe cuándo será eso.
"El expediente técnico está en arbitraje hace dos meses, // pero se ha saneado el tema registral", dice Ricardo Moreau. El funcionario calcula que la obra puede demorar, "en el mejor escenario", cuatro años.
El último fin de semana, el portal "Epicentro" reveló un informe interno del Ministerio de Cultura elaborado por el ingeniero Fernando Aguilar Grados, que concluye que el local escogido para la mudanza "se encuentra dentro de una urbanización industrial con los riesgos de seguridad industrial que acarrea frente a eventos adversos como son: incendios, contaminación química, inundaciones y hurto". Historiadores, archiveros y exfuncionarios del AGN se oponen a la mudanza.
Al mandamás del AGN no le entran balas. Moreau señala que la fábrica de Clorox con la colinda cumple con todos los requisitos de seguridad para minimizar los riesgos de cualquier siniestro. Asegura que el inventario de las cajas de documentos está a un 90% y que los mismos funcionarios del AGN sellarán estas cajas con un precinto para que luego sean trasladadas al Callao en camiones "con cámaras de videovigilancia dentro". Afirma incluso que los vehículos serán escoltados por el Ejército.
Moreau dice, sin embargo, que no se mudarán hasta que una "comisión internacional" designada por el Consejo Internacional de Archivos certifique que las condiciones del nuevo local no son un riesgo para el patrimonio cultural. Al cierre de esta edición, no aclaró por qué esta "comisión" no fue convocada antes de firmar el millonario contrato con Transel, la gran ganadora de esta historia. [pp. 28-29]
El Archivo General de la Nación y la corrupción
La República, Editorial, 27 de mayo de 2024: https://larepublica.pe/opinion/2024/05/27/el-archivo-general-de-la-nacion-y-la-corrupcion-editorial-389043
Urge la intervención de la Contraloría para determinar el interés detrás del traslado.
El ambiente académico ha expresado, de diferentes formas, su disconformidad con el traslado del Archivo General de la Nación a un almacén ubicado en el Callao, al lado de una fábrica de lejía. Por ese alquiler se pretende pagar 12 millones de soles por 36 meses y sería el lugar elegido para preservar la documentación histórica mientras se construye el edificio destinado a ser su sede permanente en Pueblo Libre, que se calcula estará listo en tres años.
Hasta allí, parece tratarse de una decisión adoptada debido a la necesidad de la mudanza porque el lugar en el que funcionó por décadas ha sido perdido en un proceso en el que la parte demandante era el propio Poder Judicial.
El archivo se ubica en el sótano del PJ y es cierto que allí tampoco se reúnen las mejores condiciones para mantener preservadas las joyas bibliográficas existentes. Es fácil recordar las denuncias sobre piezas históricas robadas en ese lugar. Autógrafas de José de San Martín y Simón Bolívar han desaparecido para ser comerciadas a coleccionistas inescrupulosos.
Sin embargo, la pretensión de la nefasta gestión en Cultura ya no solo es incrementar el riesgo del robo, ahora es directamente poner en grave riesgo el acervo histórico y cultural de un país que tiene escasa memoria para recordar la gloria o la ruindad de su pasado y su presente.
Son 150 millones de documentos los que tendrán que ser movilizados, a un costo de 5 millones de soles por solo el traslado, entendiéndose que se trata de unos 30 kilómetros de material calculado de forma lineal. El nuevo almacenaje se ubica en una zona industrial y que, además, tiene en contra el clima del litoral y la contaminación de la ubicación.
Los 22 millones de soles que podría valer el alquiler más los dos traslados otorgados a privados, bien podrían servir para mejorar las condiciones en las que se mantiene el Archivo actualmente. Urge que la Contraloría intervenga para determinar la claridad de estos tratos del Mincul, que ya tiene antecedentes de tener poca probidad en el manejo del dinero público para favorecer intereses privados. Un país sin memoria siempre será la gloria para quienes promueven la corrupción.
Apología de la historia: contra el desalojo del AGN
Por Cecilia Méndez. Publicado en La República, 26 de mayo de 2024: https://larepublica.pe/opinion/2024/05/26/apologia-de-la-historia-contra-el-desalojo-del-agn-por-cecilia-mendez-1653525
“La crisis del AGN es el resultado de tener un presidente por año, un ministro por mes, porque un buen día, a una facción política se le ocurrió no respetar los resultados electorales, el ritual mínimo de una democracia”.
El consenso es cada vez más amplio. Desde que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, firmó un acuerdo con el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para entregarle el local que el Archivo General de la Nación (AGN) ha ocupado por más de ochenta años en el Palacio de Justicia el pasado 11 de abril (producto de un absurdo juicio en el que el Poder Judicial ha sido juez y parte), los pronunciamientos en contra de este atentado a la memoria nacional son cada vez más numerosos. Desde la presidenta de la Academia Nacional de la Historia y cinco exjefes institucionales del AGN, hasta dos sindicatos de trabajadores del AGN, pasando por historiadoras, archiveros, académicos, conservacionistas y 5.000 ciudadanas y ciudadanos que nos hemos adherido a la campaña “El AGN no se va”, el sentir es unánime: doscientos años historia en 30.000 metros lineales de documentos que alberga la sede del Palacio de Justicia del AGN no pueden ser entregados a una empresa industrial para ir a parar en un almacén aduanero del Callao, colindante con una fábrica de lejía y productos químicos, a un metro y medio del aeropuerto y cuatro kilómetros del mar y con un tráfico cargado. Este despropósito es producto de la improvisación, de dar la espalda a los especialistas en el mantenimiento y custodia del patrimonio documental y de su servicio al público. El riesgo de pérdidas es enorme por estar los documentos sólo parcialmente inventariados y catalogados. Los especialistas coinciden: AGN no debe moverse hasta que no se disponga de un lugar seguro y permanente.
¿Solo confundido?
El señor Ricardo Moreau, jefe institucional del AGN, está en una febril campaña mediática para justificar el traslado que piensa acometer en cuatro meses cuando los estudios de la propia procuraduría ¡recomiendan 36!, desoyendo a especialistas y a la sociedad civil, que se vienen manifestando desde antes de la sentencia de casación del 2002 con plantones, cartas y pronunciamientos. Para ello, el señor Moreau exagera el riesgo que corren los documentos en el local del Palacio, que los historiadores conocemos bien. No es lo ideal, pero es mil veces preferible a un traslado suicida. Hace solo unas semanas, el señor Moreau decía en Canal N que los militares iban a ayudar en el traslado del archivo, pero solo unos días después se supo que ya se había contratado con la empresa Transel del Callao. ¿Y los militares? Más recientemente, como informa Epicentro, se dice que “pese a que fue entrevistado el 26 de abril, día en que fue adjudicado el servicio de alquiler al consorcio Transel, Moreau indicó que aún se estaban evaluando los locales de Villa El Salvador, Lurín y El Callao”. ¿Explicaciones? Ninguna.
Estas incongruencias despiertan suspicacias, especialmente porque están en juego S/12 millones del dinero público que se piensa entregar por el alquiler de tres años a una empresa industrial que nada sabe de archivos, más 5 millones solo por el traslado. Infobae ha revelado que en 2003 un documento interno del AGN calculó el precio de un alquiler por tres meses en 4 millones. ¿Como así 4 se convirtieron en 12? Coincidiendo con otros especialistas, la Contraloría también opinó que lo más sensato era acelerar la construcción de un local estable. ¿Por qué no se hizo?
Hablan los trabajadores
En su pronunciamiento del 1 de Mayo, el Sindicato de Trabajadores del Archivo General de la Nación-SITAGN presentó uno de los alegatos más elocuentes contra el traslado de los documentos a un depósito industrial y reclama que “el fallo judicial con el que se perdió la posesión de la sede del Palacio de Justicia” no haya sido “aprovechado para encender las alertas y buscar el apoyo político necesario para impulsar la construcción e implementación del local propio para el AGN”. Más aún cuando el propio señor Moreau se pasea por los medios diciendo que “ya se encuentran con las observaciones subsanadas” para el nuevo local de Pueblo Libre del que se vienen hablando hace años. SITAGN cuestiona que Moreau desoiga las propuestas de especialistas y de la sociedad civil y no conteste un oficio que le enviaron en abril. Similar tenor es el del pronunciamiento de otro sindicato del AGN, SITRACAS-AGN, de los trabajadores CAS. Respuesta del jefe, ninguna.
Los reclamos de ambos grupos de trabajadores no solo son sensatos sino conmovedores. No piden nada para sí; más bien les preocupa lo que van a perder los otros, la sociedad, el país. Es perceptible el desprendimiento e interés genuino por algo que cuidan y sirve a los demás cotidianamente, no sólo a historiadores, porque mucha gente va también por escrituras de tierras, propiedades, herencias, nacionalidad. Al final, el texto del sindicato SITAGN evoca los tiempos en que el mariscal Castilla fundó el Archivo General (hoy AGN) en 1861, cuando el archivo no tenía un local fijo. Al principio, dicen, estuvo en el Convento de la Merced, luego en el cuartel de Santa Catalina y luego en la Biblioteca Nacional, donde fue depredado por el ejército chileno. En 1940 se inició el traslado a un entonces nuevo Palacio de Justicia. Hoy, una vez más, peligra, como si hubiéramos vuelto a ese pasado de inestabilidad y guerras.
Una memoria de todos
A menudo se piensa que los archivos valen por sus documentos “importantes”, una firma, “el primer” algo o alguien. Pero ninguno de los pronunciamientos que cuestiona el inminente desalojo del AGN lo entiende así. Hay algo mucho más importante que el valor simbólico o comercial de un documento singular en juego. Está la memoria de un país (y más que un país, porque nuestras fronteras eran más porosas entonces que ahora) que está hecha de todos nosotros, de nuestros y nuestras antepasadas. Porque la historia no la hace mayoritariamente la gente “importante”, o todos lo somos. Tener un pasado es saber de dónde venimos, tener un sentido de sí. Por eso, las guerras y genocidios buscan reducir archivos y bibliotecas a escombros, como lo hace Israel en Gaza –mientras escribo– para que no quede memoria de quiénes son y fueron los palestinos, para que nunca puedan probar que tuvieron un país.
En el Perú no necesitamos guerras ni invasiones para destruir lo nuestro. Nuestro pasado lo destruimos nosotros mismos, pero –y esto es importante– no todos tienen el mismo grado de responsabilidad. La crisis del AGN es el resultado de tener un presidente por año, un ministro por mes, porque un buen día, a una facción política se le ocurrió no respetar los resultados electorales, el ritual mínimo de una democracia. El costo de ese quiebre es no solo la muerte de la democracia y la indiferencia ante el pasado, sino también la imposibilidad de pensar el futuro, que es también la muerte de la política o la imposibilidad de imaginar un país.
En algún lugar leí que la democracia empieza por escuchar. Ojalá lo entiendan así quienes aún están a tiempo de detener lo que sin duda sería el más grande atentado contra la memoria de nuestra historia.
Bodega a donde llevarán el Archivo de la Nación no cumple con los requisitos, concluye Mincultura
No al traslado del Archivo General de la Nación
Por Joseph Dager Alva (*), 22 de mayo de 2024. Publicado en https://otramirada.pe/no-al-traslado-del-archivo-general-de-la-naci%C3%B3n
El pasado 11 de abril, el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio de Cultura firmaron un acuerdo que pone en grave riesgo al Archivo General de la Nación (AGN), pues establece un cronograma para el desalojo de la documentación republicana y notarial de su actual ubicación en el Palacio de Justicia.
No es este un problema nuevo. Sucede que, desde hace unos 10 años, el Poder Judicial decidió demandar al Archivo General de la Nación por ocupar espacios que supuestamente le pertenecerían al PJ. Lo históricamente cierto es que, desde los planos del edificio, se estipuló que esos espacios estarían dedicados a ser sede del AGN, autónoma e independiente del PJ. Cuando se anuncia la construcción, o cuando se da cuenta de la inauguración, los discursos políticos del momento dejaron muy en claro esta división en el dominio y la propiedad de ambas instituciones. Pruebas como éstas, y varias más, obran en el expediente judicial. ¿Cree usted, querido lector, que el AGN tenía alguna posibilidad de ganarle al PJ que actuaba, en este caso, nunca mejor aplicada la frase, como juez y parte?
No insistiré en este tema, pues resulta completamente cierto que el AGN perdió el proceso judicial incluso en última instancia, y que los fallos judiciales se respetan. No obstante, una mudanza en agosto, según reza el acuerdo firmado, a un local temporal, para luego trasladar nuestro Patrimonio Documental nuevamente a su ubicación definitiva, no sólo no es una solución técnica, sino que resulta la menos adecuada, y es inédita “en la historia de nuestro país, y en la historia de la conservación documental de América Latina y el Mundo”, como dice el reciente pronunciamiento de seis ex Jefes Institucionales del AGN, que yo mismo firmé.
No podemos negar que las condiciones en las que se conserva actualmente nuestro patrimonio no son las correctas, que enfrenta no pocos riesgos, y que las condiciones de trabajo de nuestros sacrificados archiveros son terribles. Ello es prueba viva de la desidia con la que el Estado ha tratado al AGN. Esta institución ha intentado consistentemente obtener presupuesto adicional para mejorar esas condiciones y para construir un nuevo local, pero el Ministerio de Economía y Finanzas ha sido muy indolente, y ha negado sistemáticamente los recursos suficientes, por lo que siempre se ha tenido que parchar.
Siendo completamente cierto lo anterior, no es menos verdad que existen demasiados riesgos asociados a la mudanza de nuestra documentación histórica porque el destino es un almacén, ubicado en una zona industrial del Callao, contiguo a una fábrica de insumos químicos. Además, los expertos en conservación del papel se han pronunciado señalando que el cambio brusco de temperatura de todo traslado, y la humedad del puerto, podrían tener consecuencias irreversibles para los documentos. Asimismo, las inevitables pérdidas que existen en cualquier mudanza deberían ser una alerta roja para no seguir insistiendo en ese camino. Historiadores, investigadores y todos los expertos en el tema, han mostrado su oposición.
Llama la atención que la actual gestión del AGN, que tiene a la cabeza al señor Ricardo Moreau, persista tercamente en la mudanza, pese a los riesgos y costos económicos del alquiler que, en total, superan los 12 millones de soles; a lo que habrá que sumar el costo del transporte. Igualmente, habría que preguntar al señor Moreau si su despacho se va a mudar o no al Almacén.
Quiero creer que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, no ha sido suficientemente advertida de lo que está en juego con esta decisión. Seguir avalándola, sería su peor equivocación en el sector. Como su equipo cercano de trabajo carece absolutamente de experiencia en el ramo, no han sido pocos los errores en su paso por el Ministerio. Pero ninguna como ésta. No hay ni un solo escenario en el que este traslado resulte sin contingencias.
La Contraloría General de la República (CGR) debe intervenir. Una revisión exhaustiva de las bases y del contrato no se puede esperar. La CGR debe pronunciarse sobre si se están usando correctamente los recursos del Estado. ¿No sería más eficiente invertirlos en mejorar las condiciones actuales en el Palacio de Justicia que en un alquiler a privados? ¿Para la fecha del traslado se habrá completado la catalogación? No sólo inventarios, sino catálogos, sin los cuales nunca sabremos con certeza qué documentación se perdió en la mudanza, y se va a perder. Es vital que la CGR averigüe si la actual gestión del AGN tiene un plan de conservación para la mudanza; debe opinar sobre si hay la seguridad requerida en la sede temporal de destino. El Contralor Shack debería disponer lo necesario sin mayor dilación.
Lo más correcto, desde el punto de vista de la administración pública, era que estas dos instituciones estatales llegaran a un acuerdo más razonable, y realizar un solo traslado, directamente al nuevo local del Archivo General de la Nación, que se calcula estará listo en tres años. El presidente del Poder Judicial debería, por su propia voluntad y unilateralmente, dar al AGN los tres años que necesita para hacer una sola mudanza. Sería muy triste el papel que le tocaría en la historia al señor Javier Arévalo, pues sería recordado como el que ejecutó la expulsión, cual inquilino precario, de la memoria del Estado peruano.
Pero, el sitial sería muy distinto si Arévalo concede el plazo, a cambio de que, por ejemplo, se inviertan en la infraestructura del Palacio de Justicia que alberga nuestro Patrimonio Documental, esos 12 millones de soles que el AGN tiene ya previstos, en vez de usarlos para pagar un alquiler a privados.
¡No permitamos el traslado!
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(*) Historiador y Vicerrector Académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
La agonía del Archivo General de la Nación
Por Paulo Drinot. Publicado en La República el 18 de mayo de 2024 (https://larepublica.pe/opinion/2024/05/18/la-agonia-del-archivo-general-de-la-nacion-por-paulo-drinot-1467185).
“Si los archivos son tecnologías que utilizan los Estados para gobernar a las poblaciones, también es cierto que los archivos pueden servir para resistir al Estado cuando este abusa del poder”.
Se suele atribuir la frase “cuando oigo la palabra cultura, saco mi pistola” a Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler. Para los Nazis, se entiende, la cultura era peligrosa. Mejor eliminarla.
En el Perú, nuestros Goebbels criollos aparecen de cuando en cuando, cerrando muestras en el LUM, criticando películas que no han visto, terruqueando a la artista X o al escritor Y.
Pero, por lo general, en nuestro país, la cultura sufre no tanto de hostigamiento, de culturicidio, sino de indiferencia.
Que no se me malinterprete. Tenemos cultura de sobra, además de nuestro rico pasado y nuestra rica comida, tenemos arte, música, teatro, cine, literatura, poesía, etc. La turista que come un ceviche se queda maravillada. La que lee a Vallejo ve su vida transformada.
Pero a la cultura en el Perú, por lo general, no le va bien. Luce abandonada, olvidada, como una media solitaria al fondo de un cajón.
Cualquier peruano que ha visitado el Museo de Antropología en la Ciudad de México sale encandilado, pero también preguntándose: ¿por qué no tenemos algo así en el Perú?
En el Perú solemos celebrar la cultura para sacar pecho o para aliviar nuestras inseguridades. No hay mejor ejemplo que el pisco, un trago mediante el cual pareciera que seguimos peleando la Guerra del Pacífico.
Sin embargo, nuestra relación con la cultura es pobre. Es instrumental. La cultura, creemos, debe servir para algo: el turismo, traer divisas, sentirnos orgullosos de nosotros mismos o menos inferiores que otros.
El caso del Archivo General de la Nación es quizás uno de los mejores ejemplos de la indiferencia frente a la cultura. Muchos ya han comentado sobre la situación que atraviesa.
Empecé a investigar en el AGN hace 30 años. Siempre me pareció irónico que la documentación del AGN está en el sótano del Palacio de (in)Justicia. Bajo tierra, literal y figurativamente enterrada, con la justicia sentada encima. Como un calabozo de la historia.
Los problemas que enfrenta el AGN no son de hoy. Las averías en las cañerías llenas de la caca de los jueces y abogados y las ratas alimentadas con una dieta de protocolos notariales del siglo XVII no aparecieron ayer.
Las archiveras y los archiveros hacen lo que pueden, con un presupuesto bajo, para salvaguardar la documentación y asistir a los investigadores y al público en general. Hacen inventarios de documentos, los preservan, los catalogan, los digitalizan, organizan muestras para el público, sacan una revista de investigación.
Pero la situación no es sostenible. No es solo que el sótano es una bomba de tiempo. El punto es que el archivo no puede cumplir sus funciones en ese local. No puede ofrecer los servicios que debe ofrecer, no puede crecer e incorporar documentación nueva, no puede desarrollar nuevos servicios que lo adecuen al siglo XXI (o al XX, para empezar).
Varios colegas historiadores ya han comentado y criticado el plan de traslado que ha preparado el jefe del AGN. Comparto esas críticas. El plan me preocupa. Mudar el archivo a un depósito en el Callao para después mudarlo a un edificio que debería haberse construido hace años y que quizás nunca se construya no es un gran plan. Pero la alternativa, dejar el archivo donde está, tampoco es una buena idea.
Entre Escila y Caribdis. Entre Guatemala y Guatepeor. Así estamos. No se trata de negar las responsabilidades y culpabilidades de la situación. Una retahíla de ministros y ministras de cultura ineptos y sin proyectos para el AGN adecuados. Un MEF desinteresado que no suelta la plata. Un Poder Judicial que desahucia al AGN, como un prepotente propietario botando a la calle a su inquilino.
Pero la situación revela algo más profundo sobre nuestra relación con la cultura en el Perú. Claro, sin duda, debemos ‘invertir’ en cultura y dejar de decir estupideces como que los que quieran hacer películas sobre el conflicto armado interno que las hagan con su plata y no la del Estado. Necesitamos un Estado que valore la cultura y que la proteja de los filisteos que pululan en los gobiernos de turno y en los medios.
Pero, más allá de invertir, debemos empezar a pensar en la cultura de otras maneras, valorarla no por lo que puede hacer (atraer turistas, abrir restaurantes, ganarnos aplausos en el exterior, etc.), sino por lo que nos puede ayudar a entender sobre nosotros mismos. Y el rol del AGN en esta revalorización no es menor. Cualquiera que ha trabajado en el AGN entiende que lo que cobija no son solo documentos, sino el ADN del Perú.
Los archivos, nos dicen autores como Michel Foucault, son instrumentos de poder. Expresan y revelan el poder del Estado en particular, son “lo que se puede decir”, según Foucault. Como nos recuerda el intelectual haitiano Michel Rolph-Trouillot, los archivos “silencian el pasado”, excluyendo ciertos aspectos de la historia a través de lo que se considera apto para ser archivado.
Pero si los archivos son tecnologías que utilizan los Estados para gobernar a las poblaciones, también es cierto que los archivos pueden servir para resistir al Estado cuando este abusa del poder. Sin los ‘Archivos del Terror’ en Paraguay o el ‘Archivo Histórico de la Policía Nacional’ en Guatemala, no se podría haber empezado procesos de justicia tras las dictaduras en esos países.
De ahí la tentación de los poderosos de promover procesos de ‘archivicidio’, de destrucción de archivos. Pero en el Perú, estamos viendo un AGN que está agonizando por negligencia, por indiferencia hacia la cultura, y por la mediocridad de nuestros políticos. Es, a fin de cuentas, una situación que expresa bien el país tal como se nos presenta hoy.
La historia del Perú en peligro: cambio de local del Archivo General de la Nación en pésimas condiciones
Por Deyna Cornejo, en La República, 7 de mayo de 2024: https://larepublica.pe/sociedad/2024/05/03/la-historia-del-peru-en-peligro-cambio-de-local-del-archivo-general-de-la-nacion-en-pesimas-condiciones-ministerio-de-cultura-congreso-callao-173610
Tras 81 años de ocupar sótanos del Palacio de Justicia donde miles de documentos de la época colonial y republicana corren peligro, pagarán US$ 80.000 por alquiler de nuevo local en Callao.
El Archivo General de la Nación (AGN), a pesar de contar con un local propio en Pueblo Libre, ha permanecido por más de 81 en los sótanos del Palacio de Justicia, en donde millones de documentos históricos pertenecientes a la época republicana y colonial del Perú han sido almacenados en precarias condiciones. Además, la falta de seguridad ha facilitado la pérdidas y robo de los mismos. Sin embargo, la entidad adscrita al Ministerio de Cultura (Mincul) inicia en agosto de 2024 la mudanza hacia un nuevo local industrial en el Callao, en donde se pagará US$ 80.000 por el alquiler, de manera provisional, luego de que hayan perdido el juicio contra el Poder Judicial y sean obligados a retirarse.
A menos de 2 semanas de celebrar su aniversario número 163, el AGN se muda al Callao luego de perder el juicio en marzo de 2024 y acatar una medida casatoria que establece que el espacio en donde se encuentran le pertenece al órgano jurisdiccional de acuerdo a la Ley de Regularizaciones de Propiedades del Estado. Es así que los más de 150 millones de documentos, hasta ahora expuestos a la humedad, rotura de tuberías, roedores y hasta murciélagos, deben ser llevados a un nuevo establecimiento que sí contará con las certificaciones técnicas para su conservación, afirma el jefe institucional del AGN, Ricardo Moreau. Asimismo, precisa que existe riesgo de pérdida en dicha mudanza porque hasta el momento se tiene el 80% de los archivos inventariados, no la totalidad, desde que se inició en 2022.
Entre los documentos históricos de la nación se encuentran los siguientes: la receta secreta de la preparación del pisco peruano, la creación del AGN firmado por el expresidente Ramón Castilla, la lista oficial de generales y oficiales que participaron en la independencia del Perú, las partituras de la modificación del himno nacional del país, la libreta escrita a puño y letra de Antonio Raimondi sobre sus exploraciones de flora y fauna, así como el ascenso de Miguel Grau en 1863 —firmado por el expresidente Juan Antonio Pezet— y la carta de oficio en su nombre tras su fallecimiento en la batalla de Angamos.
¿Cómo será el nuevo local del AGN en Callao?
Tras una visita de La República al nuevo local del AGN en Callao, ubicado en la calle B, mz. C, lote 7D, n.° 263, urbanización industrial Fundo Bocanegra, se constató que en los exteriores del establecimiento, en la actualidad, evidencia falta de seguridad, puesto que en más de dos horas no se observó presencia de patrulleros. Asimismo, la avenida está congestionada por vehículos pesados como camiones y trailers. Por otro lado, la falta de limpieza pública también resulta una preocupación. Justo en el frontis del local, la calle estaba repleta de basura acumulada. Dicha calle es de doble vía e impide la circulación; en caso de un incendio, podría dificultarse el ingreso de las máquinas y ambulancias de los bomberos y sólo pudo encontrarse un hidrante a casi 50 metros del depósito.
Nuevo local aún registra falta de limpieza pública en la zona. Foto: Bella Alvites/La República
Sin embargo, es importante precisar que la situación del establecimiento que albergará al AGN corresponde a la estancia de otra compañía que aún está ocupándolo, puesto que recién se firmó el contrato de alquiler y la entrega del local será aún a fines de julio porque recién en agosto es el traslado, por lo que se encuentran aún en un "periodo de gracia".
La mudanza del AGN a Callao cuesta casi 3 millones de soles e incluye los costos por transporte y personal. Además, la jornada estará supervisada por las Fuerzas Armadas. Moreau ha confirmado que la estadía en el Callao es por un plazo máximo de 3 años; sin embargo, de no tener un local fijo, el periodo puede prorrogarse. Detalló que el nuevo local industrial, en su interior, representa mejores condiciones de conservación consignadas en el expediente de contratación de alquiler y cuenta con un espacio de 6.000 metros cuadrados. Contará con áreas administrativas, área para investigadores, sala de procesamiento digital de la documentación física. Moreau añadió que dicho espacio contará con sillas, oficinas implementadas para atención al ciudadano, comedor, estructuras metálicas, cámaras de seguridad incluidas, etc.
Exteriores de nuevo local registra basura acumulada. Foto: Bella Alvites/La República
¿Con qué consorcio se firmó el contrato de alquiler del AGN?
De acuerdo al acuerdo consignado en el SEACE, las empresas consorciadas que brindará el servicio al AGN son Transel Agencia de Aduanas y Almacenes S. A. y Transel S. A. C. a través de la contratación directa n.° 001-2024-AGN-UACP por el arrendamiento temporal de local para la custodia de fondos documentales y servicios vinculados del AGN.
¿Cuál es la situación actual del Archivo General de la Nación?
El AGN, ubicado en el jr. Manuel Cuadros, en el centro histórico de Lima y dentro del sótano del Poder Judicial, cuenta con tuberías de agua y desagüe en mal estado, que han originado el goteo de líquido sobre los folios colocados en aranceles. La cantidad desbordante de documentos en un espacio en donde ya no caben ha generado que el aire se concentre y el olor sea intenso.
Asimismo, no solo los documentos están en riesgo, sino también el personal del AGN que debe desplazarse por estrechos espacios de menos de un metro cubiertos de mascarilla y un mandil en un área sin ventilación.
Pese a que han pasado 81 años desde su creación, los millones de documentos son recién registrados en un inventario desde el año 2022, durante la gestión de Ricardo Moreau Heredia, actual jefe institucional del AGN: "Son más de 20 personas trabajando en eso".
De igual forma, precisó que el espacio del AGN "ha sido tugurizado" porque no es adecuado para almacenar archivos. "Nos han dicho: 'Ten este local, úsalo', y han hecho pasadizos donde no hay (espacio). Lo otro son las condiciones de trabajo, la ventilación ni se siente". Además, existen gusanitos producto de la misma acumulación de papeles que, de no usar guardapolvos por parte de los trabajadores, podrían picar o causar algún daño en la piel, sostiene uno de ellos.
¿Cómo fue el juicio del Poder Judicial contra el AGN?
Tras más de 80 años en el sótano del PJ, el Archivo General de la Nación se mudará a un local industrial ubicado en el Callao luego de un estudio de mercado que evaluó entre otras 24 opciones de lugares en distritos como Ventanilla, Comas, Villa El Salvador, etc. Sin embargo, en marzo de 2024, el Poder Judicial emitió una sentencia que señala que el área destinada al AGN dentro de sus instalaciones no le pertenecen más a la entidad cultural por la Ley de Regularizaciones de Propiedades del Estado.
Es decir, el PJ presentó un plano de su terreno e incluyó toda la propiedad a su nombre, pero dejó fuera al organismo adscrito al Mincul. "Nos vamos porque hemos perdido el juicio, en el año 2022 perdimos ante la (Corte) Suprema. Los planos del Palacio de Justicia dicen que este espacio es para el AGN", sostuvo Moreau. No obstante, las condiciones en dichas instalaciones son insostenibles, por ello no pueden prolongar su estadía. El jefe institucional del AGN remarcó que, aparte de las condiciones precarias en las que funciona la entidad, su retiro se ajusta más a una sentencia casatoria.
Local propio del AGN no puede ser usado
Ricardo Moreau precisó que el AGN cuenta con un terreno propio en el distrito de Pueblo Libre de aproximadamente 6.000 metros cuadrados, una construcción que debe ser demolida y cuyo costo para dicho fin sería de 4 millones de soles.
Explicó que, en el año 2019, el AGN le entregó el perfil de inversión al Mincul y, en junio del 2022, se aprobó dicho expediente técnico, pero cuando se intentó realizar la solicitud de demolición a la Municipalidad de Pueblo Libre, esta respondió que el área del predio consignada en el perfil técnico no coincide con la inscrita en Registros Públicos.
Tras este inconveniente, luego de 2 años, el AGN logró sanear el problema registral y consiguió que el expediente técnico esté conforme. Moreau precisó que el siguiente paso será presentarse ante el Congreso de la República para que se incluya el financiamiento de la construcción, en el terreno de Pueblo Libre, en la Ley de Presupuesto del próximo año 2025. "Si es que nos dan la plata en enero (de 2025), el concurso público dura 8 meses, hasta septiembre; más 4 años y algunos problemas, en el mejor de los casos, tendremos nuestro local en el 2030, ¿y mientras tanto?", expresó.
Moreau detalló que diversos congresistas se han apersonado al AGN —como Susel Paredes, Martha Moyano, Roberto Chiabra, Lady Camones, Edward Málaga, Margot Palacios, Alejandro Cavero y José Cueto— entre 2023 y 2024. "Los hemos invitado para que vean. En algún momento vamos a ir a tocar la puerta del Congreso, ¿y quién se va a negar conociendo esta realidad?", manifestó.
¿Qué dispone el Poder Judicial en su sentencia contra el AGN?
A través de un oficio de la Procuraduría Pública del Poder Judicial con fecha de marzo de 2024, se informó sobre la ejecución de la sentencia casatoria que recae en el expediente n.° 35997-2014-0-1801JR-CI-29, seguido contra el Archivo General de la Nación y la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura. En dicho documento se emiten precisiones sobre el cronograma de mudanza presentado y establece una serie de ajustes.
Entre dichos ajustes, el Poder Judicial obliga al AGN a que los actos preparatorios y firma de contrato para la renta del nuevo local se concluyan en abril de 2024, sin embargo, debido a la burocracia que implica dicho trámite, el acuerdo ha sido firmado en los primeros días del mes de mayo aún. Asimismo, se planteó que el proceso de mudanza inicien en los meses de junio, julio y agosto del presente año, y que, mientras se ejecute la desocupación, el PJ irá ocupando los espacios libres para almacenar el Archivo General de la Corte suprema de Justicia de la República.
En tanto, el PJ ha sido determinante en este proceso de mudanza y ha establecido las consecuencias del incumplimiento de las medidas por parte del AGN en la ejecución de la sentencia. Si es que el AGN no culmina su proceso de mudanza en agosto, lo que resulta imposible, según Moreau, deberán pagar una penalidad de S/40.000 por cada mes de retraso en la entrega del espacio. Además, serán desalojados de manera inmediata.
Datos
- El documento más antiguo del Archivo General de la Nación data del año 1.600.
- Durante 81 años de posesión del AGN, paquetes de documentos llegaron a la sede, pero no se sabía a qué periodo histórico pertenecían.
- En 2019, Defensa Civil declaró el local del AGN en alto riesgo para la documentación y trabajadores.
- Tras la autorización para la devolución de Fonavi, ciudadanos han recurrido al AGN para buscar sus expedientes.
- AGN ha solicitado al MEF presupuesto para concluir el proceso de inventario y pagar el proceso de mudanza.
La lenta agonía del Archivo General de la Nación (Perú)
Por Cecilia Bákula. Publicado y extraído de El Montonero (https://elmontonero.pe/columnas/la-lenta-agonia-del-archivo-general-de-la-nacion).
La crítica y realmente desesperada situación que vive el Archivo General de la Nación, en lo que respecta a los millones de documentos de la etapa republicana, parece no tener cuándo acabar. Desidia, ignorancia, descuido, desinterés, incompetencia son algunos de los términos que –con benevolencia– podríamos utilizar para calificar las acciones que los “responsables” han tomado en los últimos días.
Es cierto que el enfrentamiento y la disputa por el uso de los espacios que albergan a ese legado documental, entre el exigente Ministerio de Justica y el desentendido e incapaz Ministerio de Cultura, no son nuevos: pero sí parece que la sentencia de muerte está dada por un pleito entre dos entidades del Estado que lejos de proteger, defender, custodiar, se han enfrascado en un sinfín de acciones erráticas que deben ser denunciadas y sancionadas. No parece posible comprender que sea el Estado el que lucha contra el propio Estado, en detrimento de un valor supra institucional, como es el de un Archivo Nacional.
¡Cuánto se soñó con que la fecha emblemática de 2021 nos acercara a la realización del añorado proyecto de dotar al AGN de un local adecuado! Un local que fuera construido especialmente para ese fin y con el decoro y tecnología que merece la memoria de un país rico, riquísimo en historia, pero carente de comprensión del valor de ese legado y ajeno a los sentimientos de patriotismo respecto a su propio pasado. El Estado había adquirido ya un terreno, y aún hoy el proyecto sigue siendo un sueño que es más bien un mal despertar, pues los trámites, expedientes y demás etapas de un proceso de construcción tan especial, se encuentran estancados, amparados por la desidia, la irresponsabilidad y el desamor hacia lo nuestro.
Esta manera de ser de muchos, demasiados peruanos, merecería un análisis de tipo psiquiátrico porque no es normal, ni natural, la enorme vocación por despreciar lo propio en beneficio de lo foráneo, ni de desatender el conocimiento y protección a nuestras raíces lo que se da no solo en el ciudadano común sino, lastimosamente, en la mayoría de autoridades. Sin duda todo ello radica en una muy enclenque educación en la que valores como el patriotismo, civismo, respeto y responsabilidad no se encuentran entre aquello que se debe enseñar, motivar y practicar.
Y si esa realidad se observa, por ejemplo en la irresponsable actuación del Ministerio de Cultura que al momento de su creación, recibió como parte de su grandioso campo de acción, la administración, custodia, conservación y servicio del acervo documental de la Nación y no obstante ello, la despreocupación del sector ante ese legado es incomprensible, culposo e irresponsable, máxime cuando se hizo oficial que la ministra de Cultura había suscrito un acuerdo con el presidente del Poder Judicial y que desalojaría los millones de documentos que se conservan en un espacio del Palacio de Justicia. ¡Vaya “justicia” la nuestra!, cuando se atenta contra la propia historia y cuando una de las partes asume el ser juez y parte y la otra, guarda silencio e inacción!
Se afirmó que todo el acervo documental sería trasladado a un almacén industrial como que si los documentos fueran material de simple embalaje y transporte; como si se pudiera encerrar los testimonios documentales de nuestra historia en un depósito; como si se tratara de bienes que se pueden manipular y encajonar sin asumir el riesgo que esas acciones conllevan. Cabe recordar que desde 1942, el espacio “en litigio” es compartido y el AGN tiene por lo tanto derecho y obligación de defenderse y de exigir las condiciones indispensables para cumplir su cometido y ello, si bien pasa por tener un espacio propio y digno, no puede implicar aceptar la prepotencia del sector Justicia ni la desidia de Cultura, aunque ya nos podría parecer habitual una conducta así.
Bien dicen los expertos que los dos mas grandes riesgos de un archivo son el incendio y la mudanza y si a ello agregamos una mal deseada y poco técnica mudanza, estamos ante una situación gravísima que se agudiza porque los documentos podrían quedar bajo la responsabilidad de un tercero, es decir, de aquel que le daría al Ministerio de Cultura, el “servicio” de depósito o almacenamiento.
Quizá se ignora que los archivos no son “depósito” de papeles viejos; son instituciones que, al ser responsables por custodiar la memoria escrita, deben permitir que esa historia se conozca, se estudie y divulgue; al margen de ello, se trata de una cantidad de documentos que son requeridos diariamente por ciudadanos que deben recurrir a esos fondos materiales para gestiones de las más variadas características.
En la actualidad y no es la primera vez que historiadores, estudiosos y público interesado levanta su voz de alarma y de protesta por esta nueva agresión e indolencia ante nuestro patrimonio, exigiendo no solo el respeto indispensable, sino la implementación de un espacio adecuado, es decir un auténtico local para el Archivo General de la Nación pues lo que se pretende en este momento, atenta no solo contra los fondos documentales sino que va contra todas las normas vigentes de manejo y custodia de documentos que deben ser preservados y es necesario garantizar la adecuada accesibilidad de los usuarios.
Me permito incluir algunas líneas del comunicado que ha hecho la Academia Nacional de Historia cuando señala: “Los documentos históricos que custodia el AGN pertenecen a todos. Que se firme un acuerdo acatando un fallo judicial que contraviene el principio de imparcialidad, al generar un beneficio para la misma entidad que realiza el dictamen, es arbitrario e injusto.” Y concluye con una frase lapidaria y tristemente real: “El hecho de que nuestro patrimonio documental esté amenazado por las mismas instituciones llamadas a conservarlo… no puede dejarnos indiferentes”
Una vez más, el débil, el desprotegido, el vulnerable desde el punto de vista del patrimonio cultural, recibe la agresión de las autoridades “competentes”, término que solo puedo utilizar en cuanto a lo que dice la norma, pero que en nada representa el compromiso real que debería tener la autoridad respectiva que, no solo afecta ahora al acervo documental, sino que insiste en generar un cambio en la Ley General de Patrimonio Cultural que es profundamente atentatorio contra ese mismo patrimonio.
La pregunta se desprende por sí sola ¿estamos tan enfermos los peruanos que odiamos –hasta el nivel de querer destruir– lo que nos vincula con nuestro pasado? Conocer, potenciar y difundir nuestra conciencia histórica y desarrollar santo orgullo hacia lo propio es tarea de todos pero, principalmente de quienes ostentan cargos públicos que los obligan a ello.
La población debe conocer la importancia de los archivos, la singularidad del AGN y saber que en el acervo documental de una Nación, se encuentra en gran medida el sustrato de nuestra propia identidad y recordemos que el patrimonio cultural es siempre único y es de todos, por lo tanto, defenderlo, es defender nuestra propia identidad, protegiéndolo, en este caso, de actos de barbarie oficial.
Entrada n° 552.
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